La Unesco y la Fundación ”la Caixa” destacan el impacto desigual del cambio climático y las medidas para afrontarlo, y piden proteger a los más vulnerables

Según el informe ¿Quién asume el coste? Cómo abordar las desigualdades derivadas del cambio climático y la acción climática, 2.500 millones de personas podrían estar expuestas a condiciones climáticas extremas en 2050, entre ellas 239 millones de personas en condiciones de extrema pobreza, con nulas o escasas posibilidades de superar su precaria situación socioeconómica en escenarios climáticos cada vez más amenazantes. Los grupos de población vulnerables, como las mujeres, los pueblos indígenas, los niños y los trabajadores irregulares, corren un riesgo significativamente más alto, y se calcula que 1.400 millones de mujeres podrían verse directamente afectadas entre 2040 y 2060.

La Unesco y la Fundación ”la Caixa” han presentado este miércoles el informe ¿Quién asume el coste? Cómo abordar las desigualdades derivadas del cambio climático y la acción climática en el Palau Macaya, Centro Internacional de Ciencias Humanas y Sociales auspiciado por la UNESCO. El estudio propone integrar la equidad, la justicia social y los derechos humanos en las políticas climáticas para garantizar una transición justa e inclusiva.

Asimismo, el informe pretende poner de relieve y abordar las profundas desigualdades sociales y económicas que se han agravado con el cambio climático y que se han introducido en las actuales políticas climáticas. Entre las medidas propuestas, se insta a aumentar la financiación climática anual a 1,3 billones de dólares de aquí al año 2035, con especial atención al sur global.

La investigación presenta un conjunto de índices compuestos que evalúan cómo se verán afectados los distintos sectores y poblaciones en los escenarios climáticos de mediados de siglo. Los resultados indican que existen desigualdades significativas en cuanto a la exposición a los riesgos climáticos y a la capacidad de adaptación, sobre todo entre los grupos marginados y de renta baja.

El informe destaca que vivimos en un mundo en que el sur global soporta una carga desigual ante el cambio climático:

«A medida que la crisis climática se acelera, también debe acelerarse nuestro compromiso con los grupos de población más afectados. Para reconstruir la confianza pública en la acción climática, debemos comenzar por las personas, sobre todo las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, ya que corremos el riesgo de acentuar las desigualdades que la propia emergencia climática pone de manifiesto», explica Sergi Loughney, director general adjunto de Asuntos Corporativos de la Fundación ”la Caixa”.

Gustavo Merino, director de Políticas Sociales de la Unesco, añade: «Esta colaboración con la Fundación ”la Caixa” refuerza la convicción de la Unesco de que las soluciones climáticas justas deben abordar la desigualdad desde el principio». 

El informe, basándose en datos procedentes de diversos lugares, regiones y sectores, muestra que los primeros efectos del cambio climático global afectan de una manera desproporcionada a países y comunidades que apenas han contribuido a la crisis, pero son extremadamente vulnerables a sus efectos. El 10 % de los países más ricos son responsables de casi el 50 % de las emisiones globales, mientras que los países más vulnerables (Chad, Sudán del Sur, Níger, República Centroafricana y Somalia) se enfrentan a complejas crisis de pobreza, falta de infraestructuras y estrés climático. 

Una característica fundamental del informe es la introducción del nuevo «índice de vulnerabilidad social a los impactos climáticos físicos», desarrollado utilizando datos del PNUD, la Unesco y el Banco Mundial. Se trata de un índice que evalúa la capacidad de cada país para hacer frente a los riesgos relacionados con el cambio climático a partir de cinco dimensiones básicas: salud, riqueza, desigualdad de género, ruralidad y tasa de dependencia de la población mayor.

Según el autor principal del informe, Rodolfo Lacy, «el cambio climático está provocando transformaciones profundas y a menudo imprevistas en las economías y sociedades de todo el mundo. A pesar de los considerables esfuerzos que se están realizando a escala mundial, el calentamiento global continúa acelerándose y, además, algunas políticas de mitigación están generando sinergias negativas complejas e imprevistas que requieren atención internacional urgentemente. Si la equidad y la justicia no se sitúan en el centro de las agendas climáticas, se corre el grave riesgo de agudizar las desigualdades actuales, socavar la estabilidad global y dificultar el objetivo compartido del desarrollo sostenible. El imperativo de una acción climática inclusiva y equitativa nunca había sido más apremiante».

¿Quién corre más riesgo? Vulnerabilidad global a los impactos climáticos (2040-2060)

La política climática en un punto crítico

Muchas comunidades vulnerables desde el punto de vista socioeconómico, que carecen de la infraestructura necesaria para hacer frente a fenómenos meteorológicos extremos y a un cambio climático gradual, se encuentran ante una nueva normal climática. Abordar estas vulnerabilidades es fundamental para desarrollar resiliencia. Muchas políticas climáticas, aunque pretendían abordar los problemas medioambientales, sin querer han acentuado las desigualdades. A menudo, medidas como los impuestos a las emisiones de carbono y las transiciones energéticas trasladan la carga involuntariamente a los más pobres, que dedican una proporción importante de sus ingresos a la obtención de energía y bienes básicos. Así, los países con bajas emisiones sufren el máximo impacto climático y asumen los mayores costes de transición, agravados por instrumentos comerciales como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la UE y un acceso limitado a tecnologías limpias.

Rechazo social y prioridades políticas

La percepción de que las políticas climáticas son injustas está provocando malestar social, como atestiguan el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, las huelgas de agricultores en Alemania, las protestas por las ayudas a los combustibles en Ecuador y Kenia y los disturbios registrados en la India y los Países Bajos. La oposición pública está retardando o revirtiendo las medidas climáticas, en especial cuando las transiciones energéticas afectan de una manera desproporcionada a los grupos de población de renta más baja.

El informe realiza las siguientes propuestas:

Un imperativo ético

La Unesco destaca la importancia de integrar consideraciones éticas y los derechos humanos en la agenda climática. Iniciativas como el Programa MOST de la Unesco y proyectos de carácter comunitario como Gotita de Agua (México), que cuentan con el apoyo de la Fundación ”la Caixa”, están abordando las desigualdades locales y promoviendo acciones climáticas con una perspectiva de género.